ANA VILLALTA 30 de enero de 2014

El Consistorio apela el fallo del Contencioso al entender que es «gravosa» para las arcas municipales Miguel Tornay se opone al recurso, que no recomienda la asesoría jurídica

La alcaldesa de La Línea, la socialista Gemma Araujo, dictó un decreto en el que exige a la asesoría jurídica que apele la sentencia del juzgado contencioso-administrativo número uno de los de Algeciras que declara «no ajustado a derecho» el procedimiento de enajenación de las cuatro parcelas del ‘caso Roseworld’. Este fallo, dictado a raíz de una de una denuncia realizada por el Partido Socialista, supondría que el Ayuntamiento debería reembolsar a la empresa unos doce millones de euros. La jefa del gobierno local sólo trata de dilatar en el tiempo esa entrega.

La apelación de una sentencia favorable fue deseconsejada por los técnicos, que advirtieron de la posible condena en costas, que podría alcanzar los dos millones de euros y por la fundamentación acorde a derecho y la correcta apreciación de la prueba.

Tras el decreto de Araujo, los abogados redactaron la apelación, en la que argumentan que «no existe causa de las contempladas en la Ley 30/92 para considerar nula la actuación», y añaden que el expediente sigue el pliego de condiciones y entiende probado que la oferta llevada a cabo por Roseworld «cubría las condiciones para la adjudicación», porque el pago del precio confirmaría la solvencia de la mercantil.

La sentencia proviene de la concatenación de actos judiciales que surgieron a partir de la denuncia presentada por Miguel Tornay González, concejal socialista en la anterior legislatura, tras la celebración de las mesas de contratación de los días 9 y 19 de diciembre de 2005, que pusieron fin a la enajenación de las parcelas 602/RN 47, 603/RN 48, 604/RN 49 y 605/RN 50. Tornay denunció la nulidad del acto administrativo de la venta, a la vez que presentó una querella criminal ante la presunción de hechos delictivos de varios miembros del entonces equipo de gobierno.

La querella fue admitida a trámite y el procedimiento penal paralizó el contencioso a través de la vis atractiva.

En el procedimiento penal, los magistrados de la Audiencia Provincial condenaron por delito fiscal a Carlos Ruiz Calama y Anil Thakurdas y por prevaricación al alcalde linense, Juan Carlos Juárez. La defensa de Juárez presentó recurso de casación al Tribunal Supremo, que decretó en mayo de 2012 la absolución del político madrileño.

Concluida la causa penal, se abrió el contencioso-administrativo planteado por el dirigente socialista Miguel Tornay en el que solicitó la nulidad de la venta de suelo municipal a la empresa Roseworld. El juez en octubre del pasado año otorgó sentencia favorable a las pretensiones del PSOE linense al fallar que los solares debían ser reintegrados al patrimonio del Ayuntamiento de La Línea. La ejecución de la sentencia exige el abono de doce millones de euros pactado en mesa de contración, precio que la mercantil Roseworld ingresó en las arcas municipales.

Araujo defiende que el Consistorio no puede afrontar ese cargo y como única solución opta por apelar la decisión judicial. El recurso ha sido admitido a trámite y el Consistorio ya se ha personado ante el TSJAL

La alcaldesa de La Línea, la socialista Gemma Araujo, dictó un decreto en el que exige a la asesoría jurídica que apele la sentencia del juzgado contencioso-administrativo número uno de los de Algeciras que declara «no ajustado a derecho» el procedimiento de enajenación de las cuatro parcelas del ‘caso Roseworld’. Este fallo, dictado a raíz de una de una denuncia realizada por el Partido Socialista, supondría que el Ayuntamiento debería reembolsar a la empresa unos doce millones de euros. La jefa del gobierno local sólo trata de dilatar en el tiempo esa entrega.

La apelación de una sentencia favorable fue deseconsejada por los técnicos, que advirtieron de la posible condena en costas, que podría alcanzar los dos millones de euros y por la fundamentación acorde a derecho y la correcta apreciación de la prueba.

Tras el decreto de Araujo, los abogados redactaron la apelación, en la que argumentan que «no existe causa de las contempladas en la Ley 30/92 para considerar nula la actuación», y añaden que el expediente sigue el pliego de condiciones y entiende probado que la oferta llevada a cabo por Roseworld «cubría las condiciones para la adjudicación», porque el pago del precio confirmaría la solvencia de la mercantil.

La sentencia proviene de la concatenación de actos judiciales que surgieron a partir de la denuncia presentada por Miguel Tornay González, concejal socialista en la anterior legislatura, tras la celebración de las mesas de contratación de los días 9 y 19 de diciembre de 2005, que pusieron fin a la enajenación de las parcelas 602/RN 47, 603/RN 48, 604/RN 49 y 605/RN 50. Tornay denunció la nulidad del acto administrativo de la venta, a la vez que presentó una querella criminal ante la presunción de hechos delictivos de varios miembros del entonces equipo de gobierno.

La querella fue admitida a trámite y el procedimiento penal paralizó el contencioso a través de la vis atractiva.

En el procedimiento penal, los magistrados de la Audiencia Provincial condenaron por delito fiscal a Carlos Ruiz Calama y Anil Thakurdas y por prevaricación al alcalde linense, Juan Carlos Juárez. La defensa de Juárez presentó recurso de casación al Tribunal Supremo, que decretó en mayo de 2012 la absolución del político madrileño.

Concluida la causa penal, se abrió el contencioso-administrativo planteado por el dirigente socialista Miguel Tornay en el que solicitó la nulidad de la venta de suelo municipal a la empresa Roseworld. El juez en octubre del pasado año otorgó sentencia favorable a las pretensiones del PSOE linense al fallar que los solares debían ser reintegrados al patrimonio del Ayuntamiento de La Línea. La ejecución de la sentencia exige el abono de doce millones de euros pactado en mesa de contración, precio que la mercantil Roseworld ingresó en las arcas municipales.

Araujo defiende que el Consistorio no puede afrontar ese cargo y como única solución opta por apelar la decisión judicial. El recurso ha sido admitido a trámite y el Consistorio ya se ha personado ante el TSJA.