ANA VILLALTA 11 de febrero de 2014

Diez días después del plazo concedido por su partido, la exteniente de alcalde desoye la petición y se mantiene en el cargo

Asunción Barranco, exteniente de Alcalde y exdelegada de Asuntos Sociales del equipo de gobierno de La Línea, continúa siendo concejal del consistorio linense a pesar de los continuos requerimientos por parte del Partido Socialista, al que aún pertenece, para que entregue el acta.

La edil no ha vuelto a tomar parte en ninguna actividad relacionada con su cargo desde que el pasado 23 de enero anunciara en rueda de prensa que renunciaba a todos sus cargos y delegaciones dentro del equipo de gobierno, un hecho que acaecía horas después de que este periódico desvelase que un juez destacaba en su auto que la concejala había solicitado 600 euros de subvención a la Mancomunidad de Municipios, en la que trabajaba, para que le fuese realizada una liposucción.

Después de eso Barranco tampoco acudió a la sesión de pleno ordinaria correspondiente al mes de febrero, que tuvo lugar el pasado jueves. Tal y como explicó la propia edil, en primer lugar porque no fue convocada en forma y fecha y en segundo porque, como había comunicado previamente, se encontraba de baja médica.

En la tarde de ayer la propia Barranco salió al paso de la rumorología y aseguró que ni había entregado su acta ni había comunicado decisión alguna a los órganos administrativos correspondientes.

La concejal socialista Asunción Barranco, indicó a finales de semana que anunciaría a la prensa su decisión en la jornada de ayer. De momento se retrasará su resolución.

La regidora dejará pasar un tiempo para poder resolver este contencioso, que en su opinión requiere «sensatez y prudencia».

Los órganos provinciales del Partido Socialista ya habían requerido a Barranco de forma privada como pública su dimisión, por discrepancias internas, en septiembre de 2013.

Posteriormente, la sentencia 283/2010 que denegó a la concejal la interposición de su demanda al PP linense por intromisión en su intimidad, fue el detonante para que la alcaldesa, Gemma Araujo y el teniente de alcalde, Francisco Espada, exigieran su acta de concejal, anunciando que sería expulsada el 31 de enero si no cumplía con la exigencia del partido. Desde entonces han pasado diez días.