El Ayuntamiento contratará un procurador en Madrid contra la Ley de Sostenibilidad

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Villalba recalca que los andalucistas defienden la desaparición de las diputaciones provinciales

El Ayuntamiento de La Línea aprobó ayer por unanimidad en la sesión extraordinaria de pleno la creación del tribunal administrativo de recursos contractuales y la designación de un procurador en Madrid para que gestione el recurso contra la Ley de Sostenimiento de la Administración Local. Este último punto contó con el voto en contra de los concejales presentes del Partido Popular.

Al pleno asistió la concejal Asunción Barranco, a la que en varias ocasiones su partido, el PSOE, le ha solicitado que entregue su acta.

El portavoz del Partido Andalucista, el teniente de alcalde Juan Carlos Villalba, defendió que la Ley de Sostenibilidad de la Administración Local es «un ataque a la autonomía local» por alejar al ciudadano de los servicios directos. Villalba apostaba por la disolución de administraciones superiores uniéndose al mensaje andalucista de hacer desaparecer a las diputaciones provinciales.

La portavoz del PP, María Teresa García Mellado, censuró la opinión del teniente de alcalde andalucista recordándole que es la Diputación Provincial quien está dando «cobertura» al consistorio linense para hacer frente al capítulo de nóminas municipales.

En su turno de palabra la concejal de IU Ceferina Peño adelantó el apoyo de su formación a esta petición porque entiende que es primordial en la atención al ciudadano la cercanía de la administración local, argumentando que el cese de los servicios llegaría a aumentar las cifras del paro al disminuir los servicios directos prestados por el consistorio.

El grupo municipal del PP defendió su postura a favor de la normativa. Los populares deducen que esta normativa será un alivio para los ayuntamientos que actualmente están prestando servicios cuyas competencias no les corresponden. Los conservadores se ampararon en que la ley evita la duplicidad de servicios, ahorra costes, clarifica las competencias y permite que las diputaciones traspasen el dinero de los servicios que puedan prestar los ayuntamientos, aliviando su carga financiera. Para el PP la contratación de un procurador es un gasto inútil.

Los socialistas defendieron que el ayuntamiento es la administración mas cercana al ciudadano y lo que necesita es capacidad para poder financiar los servicios. Javier García recriminó al PP que no firmaran el documento de singularidad de La Línea presentado al Gobierno con la intención de solicitar las ayudas económicas necesarias para re financiar el ayuntamiento linense.

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