ANA VILLALTA 26 de febrero de 2014

Ignacio García, vicepresidente del Parlamento Andaluz desvela que el gobierno autonómico no desbloqueará la Patrica para la ciudad que, en su opinión, atraviesa «un momento difícil»

El vicepresidente del Parlamento Andaluz, Ignacio García, reconoció ayer en La Línea que las obras del Hospital del SAS son inviables, «en este presupuesto y en el del año que viene». O dicho de otra forma, en la actual legislatura. El diputado de IU aseguró que tampoco se ven soluciones para que se desbloqueen los ingresos de la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (PATRICA) puntualizando: «No sólo se han retenido al Ayuntamiento de La Línea, es una cuestión generalizada».

El vicepresidente del Parlamento defendió que el Gobierno de la nación ha reducido en 1.200 millones de euros el traspaso de renta a la comunidad andaluza y que a pesar de reconocer que La Línea «pasa un momento difícil», es totalmente inviable mantener los servicios sociales, la sanidad y la educación con este recorte presupuestario.

Como vicepresidente del Parlamento lamentó que el Ministerio de Hacienda incumpla el compromiso de ofrecer un Plan Especial a cuatro ayuntamientos de la provincia de Cádiz, entre los que está La Línea.

Insiste Ignacio García que desde el gobierno de la nación «no hay interés» en resolver la financiación de los entes locales apoyándose primero en la fórmula que presentan los dos Planes de Pago a Proveedores y el tercer plan, denominado de Saneamiento. Para el diputado de IU, las condiciones de de refinanciación -dos años de carencia y diez años de amortización- son inasumibles por los ayuntamientos con necesidades económicas como el linense.

En IU defienden que sería imposible, a pesar de que los informes técnicos hayan dado el visto bueno, liquidar el empréstito del Plan de Saneamiento. Las condiciones de este tercer plan de financiación que liquidaría la deuda total del Ayuntamiento linense -aproximadamente 120 millones de euros tras eliminar los compromisos de pagos prescritos o caducados- estaría supeditado al modificado artículo 135 de la Constitución que define las deudas institucionales como «pagos de prioridad absoluta».

Por esta regla de tres, IU no apoyaría suscribir la ayuda gubernamental ante la imposibilidad de hacer frente a las nóminas municipales.

Ignacio García anunció que el Parlamento Andaluz, en una campaña institucional para toda Andalucía, va a instar al Gobierno de Mariano Rajoy a que rectifique las condiciones del primer Plan de Pago a Proveedores cuyo periodo de carencia -dos años- vence el próximo mes de mayo, para que se aumente en dos años más el periodo de carencia.

Además, la propuesta al Gobierno incluye la solicitud de ampliar el plazo de amortización de diez a veinte años, para que las cuotas mensuales exigibles a los ayuntamientos sean de menor cuantía.

La tercera de las propuestas al ejecutivo es que disminuyan el interés del anticipo que en la actualidad ronda el 20 % y las amolde al precio del dinero según mercado.

Estas propuestas generales son las que esgrimirá IU para salvar la financiación en La Línea.