El nuevo decreto urbanístico andaluz, una vía para salvar al Ayuntamiento

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La Línea se incluye en las ciudades que pueden agilizar la modificación de sus planes, lo que favorecería la actividad económica en la ciudad a través del sector de la construcción

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó en su sesión del pasado martes agilizar los trámites para modificar los planes urbanísticos como salida para favorecer la actividad económica de los ayuntamientos, sobre todo con problemas financieros, como es el caso de La Línea.

Siete años después de que el ejecutivo de Zapatero aprobara la última Ley del suelo y, como consecuencia de este desarrollo normativo, la Junta de Andalucía modificará el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Con esta medida, la legislación del suelo vuelve a dar un vuelco con la intención de acelerar la recuperación económica financiera de las administraciones locales.

En el nuevo decreto, la ciudad de La Línea es una de las nombradas expresamente para que se adhiera a las novedades de una normativa que reduce los tiempos, cambia la nomenclatura de las oficinas de trámite, la espera de los informes vinculantes, el reparto de competencias y añade cambios a las vías pecuniarias y a las zonas de protección en los cementerios. Así, la propuesta del gobierno regional es agilizar los trámites para que en el plazo máximo de un año y medio se aprueben los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU).

El PGOU de La Línea está expresamente reconocido en el decreto como prioritario. Dependerá expresamente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que actualmente capitanea María Jesús Serrano. El decreto amplía a la titular de la consejería las atribuciones en relación a la aprobación definitiva y modificaciones estructurales de los planes urbanísticos, evitando de este modo el trámite de las Comisiones Territoriales de Ordenación del Territorio.

De esta forma, la ciudad entra en una catalogación especial equiparable a las ocho capitales andaluzas y a las poblaciones de la provincia de Cádiz denominadas «de primer nivel»: Jerez de la Frontera, Algeciras, San Fernando, El Puerto de Santa María, Chiclana de la Frontera y Sanlúcar de Barrameda.

El Plan General de Ordenación Urbana de La Línea data de finales de los años ochenta y se aprobó provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento el 2 de abril de 1992, elevándose a la Consejería de Obras Públicas y Transporte para su aprobación definitiva en virtud de los artículos 118.3.a y 128.1 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Se aprobó de forma definitiva por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio.

Desde entonces ha habido varios planes parciales, modificaciones puntuales y un intento a principios de la década de los 2000 de llevar a cabo la modificación del PGOU. En aquella ocasión, cuando la ley disponía del plazo de tres meses para la contestación al expediente, la oficina encargada de la modificación esperó dos años y medio la contestación de la comisión. Esta respuesta era vinculante y paralizó la tramitación en un periodo en el que nuevas normas obligaron a adaptar el proyecto desde el inicio.

En 2006 la aprobación provisional se suspendió y en 2007 la nueva Ley del Suelo del ejecutivo socialista cambió toda la perspectiva del planeamiento urbano linense.

La pretensión de la Ley del ejecutivo socialista era controlar el crecimiento de la edificación y acabar con la burbuja inmobiliaria. Mientras la ley del suelo de 1998 indicaba que todo terreno era susceptible de ser urbanizado, salvo los que contaban con una especial protección. La nueva redacción de 2007 especifica que ningún suelo es urbanizable, salvo que los encargados de clasificarlos expresamente lo autoricen. A ello se une la modificación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) en 2009, que políticamente también está enfocado a limitar el desarrollo de la construcción inmobiliaria en las ciudades andaluzas.

El freno de la construcción provocó un descenso en los ingresos de los ayuntamientos que vieron caer en picado la tramitación de licencias y proyectos. Cuestión que generó el descenso e ingresos por tasas urbanísticas imprescindibles para solventar la prestación de servicios y cubrir el capítulo de gastos.

El PGOU de La Línea se aprobó en 1992 pero se desarrolló unos años antes. Los técnicos estiman que la vida util de un Plan de Ordenación urbana es de veinte a veinticinco años, dependiendo de la evolución que tenga el núcleo urbano y el desarrollo del volumen de población. La ciudad tiene en la actualidad importantes zonas pendientes de catalogar y otras que están desarrolladas de forma especial.

Como ejemplo, el Camino de Sobrevela. Se concedió el desarrollo urbanístico por «razones de interés social», estableciéndose una zona de equipamientos para que tanto Asansull como las Hermanas de la Caridad pudieran desarrollar sus actividades. Mientras el Zabal , Sierra Carbonera o el Conchal se han quedado como manchas de un Plan de Ordenación pendiente de desarrollo.

El casco urbano también cuenta con franjas que mantienen solares y viejas edificaciones con un posible desarrollo inmobiliario que generarían ingresos al Ayuntamiento por licencias, tasas y proyectos. En concreto, zona de San Pedro, Jardines (antiguo Mercado de Abastos), El Castillo o Calderón de la Barca, cuya prolongación obligaría a la conexión con la salida de doble carril por el polígono del Zabal, un proyecto -el de la SGV8- actualmente parado.

En La Línea sólo se realizaron planes parciales y puntuales que permitieron urbanizar cinturones como Santa Margarita o Venta Melchor. Actualmente el consistorio linense trabaja en la modificación un par de bandas en el que trabajan los técnicos de urbanismo Javier Román y Juan Felipe Vilela.

Ahora la Junta opta por la rapidez en modificar los PGOU. Abre la veda y admite que el urbanismo es la vía para estimular la actividad económica en Andalucía y en el Ayuntamiento linense.

 

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